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Jornadas regionales sobre Políticas de Personal de la Junta de CyL

Se han celebrado en Soria unas Jornadas regionales sobre Políticas de Personal de la Junta de CyL , donde se debatió la negociación colectiva con la Junta de Castilla y León. En estas Jornadas se han creado grupos de trabajo de los sectores de Autonómica, Educación y Sanidad para analizar la situación de los trabajadores de éstos, así como hacer propuestas para mejorar las condiciones de los EEPP.

Tomás Pérez, secretario general de la UGT-SP de CyL, pidió una nueva Ley de la función pública y denunció problemas en los derechos de los docentes y la contratación de profesionales sanitarios sin especialidad. Faustino Temprano, secretario general de la UGT de CyL, criticó la publicación conjunta de la ley de presupuestos generales y la ley de medidas de acompañamiento, calificándola de irregular y pidiendo la intervención del gobierno nacional, incluso con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tomás Pérez también exigió una administración del siglo XXI en lugar de una del siglo XIX.

Temprano ha denunciado que los presupuestos regionales de 2024 se han aprobado definitivamente tras publicarse en el BOCyL, y que la Junta ha aprovechado para publicar la ley de acompañamiento, que cambia doce leyes regionales y afecta a los empleados públicos y al funcionamiento de las fundaciones.

Temprano también ha explicado que hasta la fecha los acuerdos de los patronos deberían ser por unanimidad y ahora la Junta lo ha cambiado para que sean por mayoría, lo que afectará a una fundación pública como el SERLA. Ha advertido que los patronos de una fundación responden con sus bienes personales y ha cuestionado cómo alguien puede aceptar que otra persona decida sobre su patrimonio personal por mayoría, lo que podría expulsar a personas que pueden estar en las instituciones y ha anunciado que denunciará públicamente la situación, e irá a las instituciones europeas y al Gobierno de la Nación. También ha pedido al presidente del Gobierno la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Administración de aquellas consejerías que se están saltando la reglamentación europea y española.

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