La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León sigue sin querer aprender de sus errores. Mientras los empleados públicos tienen que tomar la gestión de residencias de ancianos privadas desbordadas por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, la Gerencia de Servicios Sociales cede sus instalaciones y la gestión de personal a una empresa privada para acoger a menores en situación de desamparo. Seguimos dando la protección de los derechos sociales a empresas privadas para que se enriquezcan con ello. Pero a la vez, volvemos a asumir estos servicios cuando la rentabilidad privada se ve comprometida.
Por otro lado, se realiza esta adjudicación sin ningún tipo de publicidad, ni intercambio de información con las organizaciones sindicales y confundiendo un estado de alarma con un “estado de ordeno y mando”. Y en concreto; para este servicio, se lo asigna a Clece, empresa multiservicios cuya actuación en estos días de crisis y en otros servicios que tiene confiados por la Gerencia de Servicios Sociales, ha tenido permanente una actuación contraria a los intereses de los trabajadores.
UGT se ha dirigido a la Consejera de Familia para pedirle que asuma las consecuencias de esta crisis y realice un cambio en su política de gestión de los recursos humanos. Esos recursos que tanto ensalza cuando está delante de los periodistas y que; en la realidad, tiene infradotados e infravalorados. Eso cuando no puede recurrir a lo que ha sido su fórmula preferida: la privatización, con una precarización de los derechos laborales y una transferencia de fondos públicos a la empresa privada.
Descargar / leer en PDF: CARTA A LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
