Uno de los temas centrales de las situaciones de abuso hacia el colectivo de personas mayores en las residencias en un momento clave de la pandemia por parte de las empresas del sector de la Dependencia, es cualquier aplicación de “tasa covid” ya que se trataría según el Ministerio de Consumo, de una aplicación que podría incurrir en una cláusula abusiva, tal y como establece la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, puesto que «se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte».
Es evidente que no es un tema nuevo, que los grupos empresariales que explotan la inmensa mayoría de las residencias de Castilla y León quieran hacer negocio con el dolor y el sufrimiento de las familias para abordar el gasto generado por unas medidas de prevención que es obligación de las empresas.
La FeSP-UGT insta a la Junta de Castilla y León a que no proteja tanto los “intereses económicos y comerciales” de las empresas o propietarios de dichas compañías que tienen una posición hegemónica en el sector de la dependencia en nuestra comunidad y ejerza su responsabilidad de control y vigilancia de los dineros públicos ya que la mayoría de las sociedades mercantiles (Clece, Colisée, Domus Vi, Aralia, Orpea, Vitalia Home, Ballesol y otras…) reciben la correspondiente concesión de los fondos públicos como resultado de la concertación de plazas o directamente gestionando las residencias de titularidad pública.
Desde UGT CyL pedimos transparencia, rigor y firmeza sobre estas conductas abusivas que las empresas del sector hacen a las personas mayores o a sus familias. Recodamos que los EPIS y demás medidas de protección y seguridad, tanto destinadas al personal de los Centros, como a personas residentes y/o usuarias, familiares,…. son responsabilidad de las empresas prestadoras, ellas están obligadas a cumplir con la legislación en esta materia y cubrir los costes necesarios y suficientes para garantizar estas exigencias sanitarias. Bajo ningún concepto estos costes deben repercutir sobre las personas usuarias, como ya está empezando a ocurrir en forma de pluses por medidas extraordinarias provocadas la COVID-19, en las facturas de las personas residentes.
