La COVID no puede ser excusa para generar dudas sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones .
Mari Carmen Barrera reclama en el Congreso preservar las pensiones desde el diálogo social y parlamentario y resolver el déficit del sistema
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha reclamado “consenso entre las fuerzas políticas, por un lado, y los interlocutores sociales con el Gobierno, por otro, para lograr un acuerdo que garantice la sostenibilidad de las pensiones para las generaciones presentes y futuras”.
Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante su intervención ante la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que “tanto la Comisión Parlamentaria como el Diálogo Social han constituido y constituyen las dos patas sobre las que se sostiene y avanza nuestro sistema público de pensiones. Ambas piernas tienen que ser igualmente fuertes y hacer cada una su trabajo. Hay que evitar andar a la pata coja para no derrumbarse”.
En este sentido, ha alertado de los riesgos que pueden existir en nuestro sistema. “El primero de esos riesgos proviene de los cantos de sirena de quienes –con, además, escaso fundamento conceptual y científico- pretenden convencernos de la falsa necesidad de abordar debates sobre cambios de naturaleza del sistema público de pensiones. Cambios que naturalmente responden a determinados intereses”.
Cantos de sirena “como la quiebra del sistema público de pensiones, quiebra que es tan falsa e inventada como repetida, o el absurdo juego teórico sobre que los pensionistas reciben más de lo que aportaron, o el artificio del Factor de Equidad Actuarial, cuestiones ridículas” que, además, “producen dos resultados profundamente negativos e indeseables. Por un lado, destruyen el consenso en esta Comisión. Y, por otro, impedirían por completo los acuerdos en el diálogo social entre los Interlocutores Sociales y el Gobierno, necesarios para hacer las reformas legales en el sistema de pensiones”.
Otro de los riesgos, según Barrera, es “creer que se pueden hacer reformas al margen del consenso parlamentario mayoritario, lo cual es imposible. O, alternativamente, pretender que el Gobierno en solitario, con un cierto apoyo parlamentario, puede hacer las reformas, obviando y marginando la negociación y el trabajo y el acuerdo en el diálogo social”.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones ha quedado demostrada
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha querido reafirmar la idea de que “el sistema público de pensiones es sostenible. Los niveles de gasto a los que nos someterá el fenómeno demográfico transitorio de la jubilación de la generación del baby boom no serán mucho más elevados que los de otros países, lo que los hace sostenibles”.
Además, ha resaltado que “dos informes públicos, de la AIREF y de la Seguridad Social, han puesto de manifiesto de forma independiente que el sistema público de pensiones no está ante ningún problema de insostenibilidad y mucho menos de quiebra, con proyecciones y estimaciones realistas, sólidas y claras”.
De esta forma, ha manifestado que “los niveles de gasto que se alcanzarían en las décadas centrales de este siglo se sitúan en relación al PIB en el promedio de los países de la UE, con por lo menos once de ellos por encima del nuestro. Por tanto, es sostenible para el sistema de pensiones español lo que es sostenible para los demás países”. En este punto, ha resaltado que “esos niveles de gasto son independientes de la situación creada por la crisis de la COVID, por lo que esta crisis no nos puede obligar a olvidarnos de todas las evidencias acerca de la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones”.
Sin embargo, ha señalado que hay informes privados “que presentan una combinación de un déficit actual que se extrapola y se prolonga en el tiempo sin solución, y la insuficiencia parcial de los ingresos por cotizaciones, con las que elaboran unas aportaciones no reales en forma de subidas futuras de impuestos. Una dosis de artificiosidad al servicio de la tesis de la insostenibilidad, la supuesta extrema generosidad de las pensiones y la necesidad de recortarlas”.
En este sentido, ha afirmado que “lo que no ha resultado ni puede resultar es la pretensión de que el número de pensionistas crezca en un 50% (más de seis millones) de aquí a 2050 y el gasto respecto al PIB no crezca absolutamente nada. Esa operación, sustentada por radicales recortes, ni es necesaria ni es viable (y menos políticamente) como ha explicado reiteradamente la AIREF. Cada década que los pensionistas vean revalorizadas sus pensiones al 0,25% perderían más de 100.000 millones de euros de valor de sus pensiones”.
Por ello, ha considerado que “si tomamos una serie de medidas necesarias para que la tasa de inmigración neta fuera de cincuenta mil personas más al año hasta 2050, o para que la tasa de inmigración neta fuera de cincuenta mil personas más al año hasta esa fecha, entre otras cuestiones, el peso sobre el PIB del gasto en pensiones en 2050 se reduciría en casi un punto y medio del PIB respecto a lo previsto por AIREF (13,4% del PIB)”.
Hay que resolver y superar el déficit de la Seguridad Social
Para Mari Carmen Barrera, una cuestión fundamental es “resolver y superar el actual déficit de la Seguridad Social, porque tiene su origen en los efectos de la pasada crisis y porque equivale a los gastos que la Seguridad Social está soportando sin corresponderle, más el desajuste entre los tipos de cotización y las contingencias respectivas, que genera superávit en unas y déficit en otras”.
En este sentido, ha recordado que “el Estado ha aprovechado el superávit para pagar gastos propios, pero no ha aportado transferencias para compensar el déficit. La regularización de ambas cuestiones permite cancelar el déficit de la Seguridad Social sin variar el déficit total”.
Por ello, ha reclamado “que la Seguridad Social no pague los gastos que no le corresponden, unido a la necesidad de destopar las cotizaciones máximas y de acabar con las bonificaciones a la contratación, lo que permitirían aunar 17.000 millones de euros que reducirían la inmensa mayoría del déficit que presenta el sistema”.
