SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y LAS RESIDENCIAS EN CASTILLA Y LEON
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio nuevamente inician movilizaciones en Castilla y León en defensa del Convenio Colectivo Regional, al haber llegado a una situación límite e inadmisible en la negociación, por el proceder de la patronal y «la indiferencia de las administraciones».
Este Convenio afecta a 5.200 personas que atienen a más de 22.000 dependientes en Castilla y León. Los contratos son parciales y precarios con pocas jornadas (20 horas de media aunque en el medio rural muchas de las jornadas semanales rondan las 10 horas), atienden de 4 a 5 usuarios y con servicios de atención de 20 minutos por servicio, porque se parte el mismo en dos tramos o se requieren dos auxiliares.
Creemos que está situación de precariedad y déficit en la atención que influye en el abandono de los domicilios y consecuentemente en el fenómeno de la despoblación, debe ser corregida ampliando intensidades, y ampliando los servicios a personas mayores según sus necesidades así como a menores y personas con discapacidad. Habrá que fortalecer a efectos prácticos la atención social y sanitaria para seguir viviendo en los domicilios. Necesitamos más esfuerzos para mejorar un los Convenios si queremos mejorar la eficacia de la atención, pagar nosotras con condiciones laborales indignas es inaceptable.
Las profesionales del SAD realizan un trabajo esencial para la sociedad castellanoleonesa, una sociedad envejecida que requiere de este servicio para su calidad de vida. La propuesta de la patronal para el nuevo convenio colectivo es: 0% de subida salarial en 2020; 0,25% de subida salarial para 2.021 y destinado a plus transporte; 1% para 2.022; 1,50% para 2.023 y llegar ¡en 2.022! a considerar el 100 % del tiempo de desplazamiento entre usuarios como tiempo efectivo de trabajo.
Para nosotras esas condiciones son inaceptables, por cuanto suponen un retroceso retributivo y laboral. Las profesionales del SAD realizamos un trabajo esencial para la sociedad castellanoleonesa, una sociedad envejecida que requiere de este servicio para su calidad de vida. Si queremos que nuestros dependientes tengan un trato digno y permanezcan el máximo tiempo posible en su domicilio habitual y familiar en condiciones óptimas, se debe garantizar condiciones laborales también dignas a quienes les asisten.
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PONE EN MARCHA LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
En los centros residenciales de Castilla y León viven casi 50.000 personas de manera permanente, una cifra que tiende a incrementarse debido al envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y a la menor disponibilidad de apoyo informal, pero con escasa financiación para el crecimiento de atención.
La FeSP-UGT de Castilla y León pidió públicamente la dimisión de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y de su equipo por la caótica gestión de la dependencia y la falta de transparencia en la misma y en consecuencia de los dineros públicos. Las residencias están en manos de la empresa privada para gestionar un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos. De las 700 residencias solo 20 son de titularidad y gestión pública, ¿cuáles son los aspectos colaterales y las consecuencias?
Precisamente como la verdad y el conocimiento de la situación de los centros es similar en cuanto a una asistencia deficiente, se hace necesario ver que hay detrás de un modelo de ACP. Un trabajo exigente física y mentalmente está expuesto a factores de riesgos para el bienestar mental y esto no se arregla sin mejorar las condiciones laborales de trabajo. Un trabajo de alta calidad y un derecho que deben amparar a los más vulnerables, además, de proteger a quienes les cuidan. Necesitamos control y seguimiento de la Administración, modificar las condiciones de trabajo (jornadas de 14 horas) no es la mejor protección para los residentes y para las personas trabajadoras, tampoco las contrataciones sin cualificación. Las personas destinatarias de los cuidados están sufriendo las consecuencias de las malas condiciones de trabajo y eso es una irresponsabilidad política, pues son los poderes públicos los que deben garantizar los derechos y el bienestar mental de las personas trabajadoras con las mejores prestaciones. Por esta razón también hemos pedido una Comisión de Investigación.
La Junta de Castilla y León ha estado obligada a considerar y revisar su modelo estrella de atención y esa paradoja de un modelo de alta calidad, con precariedad laboral no se sostiene, como tampoco se sostiene la coexistencia con el modelo tradicional que genera desigualdad tanto en usuarios como en trabajadores. Gracias al virus estamos participando en las actuales mesas de trabajo que la JCYL para una nueva Ley de atención residencial, para dar respuesta al fracaso de su modelo estrella. La participación de partidos políticos, miembros del ámbito del Diálogo Social, colegios profesionales y diversas entidades y asociaciones del Tercer Sector Social de Castilla y León quienes junto a usuarios y familiares se tratan de abordar aspectos relevantes para la atención de nuestros mayores, nos afecta directamente para presentar propuestas desde el ámbito regional.
La FeSP_UGT viene exigiendo en las distintas mesas la obligación de definir el modelo de atención ACP para mejorar y preservar su dignidad y calidad de vida. Además, hemos pedido no confundir el concepto del modelo de ACP con el enfoque de la práctica residencial para limitar el derecho. Es el momento de poner en valor el sector de los cuidados y de proteger las condiciones de trabajo, lo que nos compete a todos los actores. La Junta está más focalizada en hacer normas que hacer cumplir las normas y dar explicaciones de como se hace el seguimiento para dar garantía de los mismos.
Necesitamos una política de transparencia, unas inspecciones técnicas y periódicas centradas en cómo se aplica la atención para rendir cuentas sobre el desarrollo de la garantía de un derecho. Necesitamos que las empresas no pongan vetos y cortapisas para explicar cómo aplican el desarrollo de un modelo de ACP. Se necesita una buena coordinación sociosanitaria que aporte asesoramiento y apoyo cuando los centros residenciales presentan falta de profesionales. Necesitamos protocolos claros de como se previenen los riesgos laborales en los planes de contingencia y el seguimiento de los mismos para asumir sus exigencias. Necesitamos abordar la coordinación sociosanitaria para dar prioridad al cuidado como parte de la salud que es un derecho y una responsabilidad del ejemplo de una gestión eficaz. Esta es nuestra preocupación, ante las condiciones de trabajo lamentables, escasez de personal, bajos salarios y falta de control e inspecciones es una desgracia por el coste que tienen los factores de riesgo. Los centros residenciales no están preparados para someterse a este estrés, hay que reconocer que si no mejoramos un Convenio que es el Marco regulador de la Dependencia, con «salarios decentes, mejor empleo y lugares de trabajo seguros» en un sector esencial no podemos contribuir de forma positiva al gran problema de nuestra Comunidad Autónoma, la despoblación
Por otra parte, desde la FeSP-UGT de Castilla y León, planteamos hacer una reflexión entre lo que se debe y no hacer para prestar cuidados de alta calidad. Si los Convenios colectivos que regulan las condiciones laborales y que desgraciadamente regulan jornadas muy amplias así como salarios muy bajos y las Normativas Autonómicas de regulación de los centros, establecen ratios mínimas que se convierten en máximas, y solo para el personal de atención directa, nos surgen las siguientes cuestiones: ¿Quién se preocupa de como atraer a los profesionales del sector Sociosanitario cuando no somos capaces de garantizar condiciones de trabajo decentes? ¿Cómo se aborda el futuro de las personas trabajadoras del cuidado para retenerlos en los centros, contratando sin formación? ¿Qué es prioritario para nosotros en los Convenios para dar impulso a un modelo de alta calidad? Estas y otras preguntas me gustaría que se respondieran en la próxima videoconferencia del sector sociosanitario convocada para el día 5 de noviembre.
