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Hoy hace un año que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial del Covid-19. El año pasado se acrecentaron las fortalezas y debilidades de nuestras sociedades. En Europa, se ha puesto al descubierto la fragilidad de nuestros servicios públicos y nuestros sistemas públicos de salud y la ausencia total de capacidad a la hora de responder a tal convulsión, fundamentalmente provocados por la reducción drástica de las plantillas y las privatizaciones como consecuencia de la crisis económica del 2008. La tragedia es que no sorprende. Los sindicatos de servicios públicos de Europa han estado protestando por la escasez de personal, la infrafinanciación y los recursos inadecuados mucho antes de que surgiera la pandemia.
No hay duda de que los servicios públicos y en especial los sistemas de salud, los servicios sociales y las residencias de mayores se vieron completamente desbordados cuando golpeó la primera ola.
Esto es un reflejo lamentable de las políticas neoliberales que supone un punto de inflexión, como es una pandemia mundial, para reconocer la necesidad de financiar adecuadamente los servicios públicos y a las trabajadoras y los trabajadores que los prestan.
El año pasado ha puesto de manifiesto los inconvenientes de la privatización y los recortes presupuestarios, vendidos como una realidad inevitable, y ahora se asimila de manera generalizada la necesidad de revalorizar y recuperar el sector público. No podemos retroceder a las políticas de austeridad del mundo anterior a la pandemia, debemos de hacer una reconstrucción mejor. Este es el mensaje de millones de trabajadoras y trabajadores del servicio público a lo largo de Europa en esta jornada épica.
La prioridad inmediata es fortalecer los sistemas públicos, eje vertebrador para una mayor cohesión social y territorial y garantía de igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía y en especial, los servicios sanitarios y sociales, algo que requiere financiación pública y el fin de las políticas fiscales que favorecen a las empresas y a los ricos. Los gobiernos deben actuar a nivel nacional y europeo. Estamos en deuda con nuestras trabajadoras y trabajadores públicos, quienes muchos han sido tratados por estrés postraumático.
Al igual que hubo más de cien huelgas en los sectores sanitario y asistencial justo antes del brote de la pandemia en Europa, los sindicatos de salud y sociales continuarán siendo activos en la demanda de incrementos salariales, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la dotación de personal y los servicios de apoyo, al igual que para el resto del personal del resto de los servicios públicos.
Si bien la asistencia sanitaria y social es de interés prioritario, no podemos olvidar otros servicios públicos que también han estado en la primera línea de frente de la crisis. Desde los sectores de residuos, agua y energía, justicia, medioambiente, hasta la seguridad y protección social, los servicios de empleo, así como el resto de las y los trabajadores de los servicios públicos que han sido cruciales para el funcionamiento continuo de los servicios requeridos por la sociedad y para la gestión de las consecuencias socioeconómicas derivadas de las medidas de confinamiento.
Su papel será más crucial conforme nos recuperemos de la crisis económica. Es necesario aumentar la inversión a fin de garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios, y asegurar el acceso al estado de bienestar, la protección social, la vivienda, el agua, la energía y la educación, así como para destinar financiación a ciudades y municipios, especialmente los pequeños y con menos recursos.
El sector público tiene también una función única que desempeñar en la reconstrucción de unas sociedades que sean más resilientes, desde la economía circular hasta los sistemas de transporte verdes o las infraestructuras públicas limpias, las políticas de cuidados o facilitar el acceso a los servicios digitales en igualdad de oportunidades. Los fondos de recuperación y resiliencia nacionales (con financiación de la UE) se deberían utilizar para este fin, en vez de caer en los errores habituales de la privatización y las colaboraciones público privadas.
La crisis sanitaria sin precedentes demuestra que la Unión Europea debe considerar la readquisición de determinados sectores que garantizan la seguridad y la salud de la ciudadanía europea, como son las farmacéuticas o la producción de equipos de protección individual (EPI). Debería considerar de nuevo también la fijación de competencias europeas en materia de salud, más allá de las propias de los Estados miembros a fin de dar respuesta a las pandemias, tanto en la Unión Europea como en terceros países. Las deficiencias reveladas durante esta crisis ponen de manifiesto que gran parte del fondo de recuperación de la Unión Europea debe consignarse a la inversión en servicios públicos, los cuales representan los valores universales que cimientan la Unión Europea.
Como representantes sindicales de los servicios públicos europeos, hemos de luchar por la igualdad del mercado laboral, el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones, la mejora de las condiciones laborales y una mayor inversión pública.
Junto a la movilización creciente, defendemos la justicia fiscal a fin de garantizar que las empresas paguen su justa proporción y se revierta la creciente desigualdad. Es fundamental que en la recuperación de lo que será la peor crisis económica de todos los tiempos, se priorice a las trabajadoras y los trabajadores, comunidades y a nuestro planeta frente a los beneficios de unos pocos.
