UGT viene apostando desde el inicio de la pandemia por la enseñanza presencial como la mejor garantía para una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por tanto, exigimos que se garantice la presencialidad de todas las etapas y niveles educativos, y no compartimos la posibilidad de rebajar la distancia interpersonal del alumnado en el interior del aula por debajo de 1,5 metros, cuando fuera del aula o en espacios al aire libre se mantiene en 2 metros.
No parece razonable que la medida que plantea la posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros la distancia entre alumnado se aplique al alumnado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas, que parece ser el que más riesgo de transmisión manifiesta. Si tenemos en cuenta las medidas recomendadas por organismo sanitarios internaciones, entre la que se encuentran el mantenimiento de la distancia social, se determina que a mayor distancia entre alumnado menor riesgo de trasmisión. Los mismos organismos recomiendan reducir el tamaño de los grupos y, si la transmisión es alta, recomiendan aumentar la distancia en las edades adolescentes por mayor riesgo de transmisión.
Desde UGT entendemos que establecer grupos de convivencia estables, también denominados aulas burbuja, es una medida necesaria para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, para el que la interacción estrecha con los docentes, personal de apoyo educativo y resto de alumnado es fundamental para el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional. Como también es fundamental garantizar la presencialidad del alumnado adolescente a partir de 2º de la ESO, ya que empezamos a tener indicios del impacto negativo de la semipresencialidad, no solo a nivel académico sino también a nivel emocional de la población adolescente.
Por tanto, insistimos en la necesidad de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros porque se ha demostrado que la medida ha funcionado este curso, y al mismo tiempo, es la distancia que recomiendan como mínima los expertos sanitarios. Reclamamos que, para atender a las medidas propuestas para el próximo curso, siguen siendo imprescindibles la bajada de las ratios, la adecuación de nuevos espacios, el reforzamiento de las plantillas docentes al menos en un 10%, lo que supondría la contratación de un mínimo de 70.000 docentes en las enseñanzas previas a la Universidad. Salvo que nos demuestren lo contrario, sigue faltando inversión y voluntad política para garantizar la presencialidad segura de todos los niveles y etapas educativas
No olvidamos que las ratios que regula la normativa (25 alumnos/as para Educación Infantil y Primaria, 30 alumnos/as para Secundaria y 35 alumnos/as para Bachillerato) son demasiado elevadas, incluso en situación normal. Con la LOMLOE, se ha perdido la oportunidad de bajar las ratios que, junto al descenso de la carga lectiva de los docentes y la reforma del currículo, son la garantía de una educación más personalizada que es uno de los objetivos de la nueva ley. Las Administraciones educativas que planifican el próximo curso escolar deben decidir si apuestan por la inversión en educación o vuelven a la situación de partida, de antes de la pandemia, con aulas masificadas y sobrecargas en los horarios lectivos de los docentes. Desde UGT reclamamos a las Administraciones un aumento de las plantillas que permita reducir el horario lectivo docente, reducir las ratios, flexibilizar los grupos de alumnado y contar con recursos de apoyo en todas las etapas educativas para poder ofrecer una enseñanza más personalizada.
UGT manifiesta su desacuerdo con respecto a la reducción de distancia entre el alumnado y la vuelta al tamaño de las clases de hasta 25 y 30 alumnos en las enseñanzas obligatorias que supondrán eliminar desdobles y reducir profesorado. Aún en los niveles de alerta más favorables, entendemos que va en contra de las recomendaciones de los expertos sanitarios, por lo que reclamamos el mantenimiento de todo el profesorado contratado por la COVID-19, todos ellos necesarios, para aumentar la calidad de la enseñanza.
Por último, insistir en la necesidad de completar la vacunación de todas las trabajadoras y trabajadores de los centros educativos como medida que facilite el control de la transmisión de COVID en las escuelas.
