Tras casi dos años de negociación, con el hándicap añadido de la pandemia sanitaria y con la intención de realizar un convenio de transición, UGT Servicios Públicos ha trabajado para sentar las bases del futuro del sector.
Por eso, el nuevo articulado contará con un Grupo de Trabajo, integrado por los firmantes del Convenio Colectivo, que servirá para preparar la negociación del XXIV Convenio Colectivo y que contará con reuniones frecuentes y con materias concretas que se trasladaran a la Comisión Negociadora que se constituya a partir de enero de 2024.
El nuevo Convenio Colectivo contará con un ámbito temporal hasta el 31 de diciembre de 2023, la seguridad de la ultractividad garantizada y con nuevos derechos en materia de conciliación y mujer como el inicio de algunos permisos retribuidos en el primer día laborable siguiente al del hecho causante. Además, se extenderán las licencias a las parejas de hecho debidamente registradas. También en este sentido, se incorpora al articulado una excedencia para mujeres en situación de víctimas de violencia de género y mayores facilidades para que las mujeres trabajadoras a partir del 6° mes de gestación eviten, en la medida de lo posible, las clases prácticas.
Habrá nuevos incrementos salariales de casi un 8% durante la vigencia del convenio, garantías salariales de un diferencial para los profesores con respecto al SMI vigente en cada momento y una actualización automática del salario mínimo para los trabajadores que estén vinculados al mismo.
Se crea la posibilidad de establecer, con un precio/hora superior al de los jornada ordinaria, una jornada suplementaria voluntaria de hasta 5 horas semanales para los trabajadores que así lo deseen, manteniendo, por otra parte, las horas extraordinarias de la misma manera. De esta manera, ganarán los trabajadores porque seguirán teniendo la misma jornada pero incrementarán el salario en sus nóminas, algo que el sector históricamente ha reivindicado y que ahora inicia dicho proceso.
Por otra parte, UGT Servicios Públicos lamenta la campaña de desinformación, alrededor de la negociación de la firma del convenio, realizada por grupos corporativos sin representatividad sindical alguna y sin legitimidad para estar en la mesa de negociación.
En definitiva, con la firma del XXIII Convenio Colectivo se fortalece la negociación colectiva sectorial y con ella los derechos de los trabajadores.
