A/A D. Carlos Raúl de Pablos Pérez
Gerente Regional de Servicios Sociales
Asunto: Solicitud de cambio de procedimiento y exigencia de responsabilidades.
D. Julio César Martín Nevado, en calidad de Secretario del Sector de Administración Autonómica de la Federación de empleadas y empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT), con domicilio a efectos de notificaciones en la sede de la Comisión Ejecutiva Regional de la FeSP-UGT, en Calle Huertas, 34 bajo de 47.005-VALLADOLID
EXPONE:
Que por el presente escrito queremos manifestarnos contra las actuaciones que se están siguiendo desde la Gerencia Regional de Servicios Sociales y que conculcan el deber de la Administración de proteger la salud de sus trabajadores. Y en concreto, nos vamos a referir a la seguida en los centros de la Residencia Asistida y en el CAMP de Fuentes Blancas de Burgos. Y aunque nos referimos a estos dos centros, estos mismos fallos se repiten en otros centros que están bajo su gestión.
En ambos centros se dotó a los trabajadores de mascarillas SUBOLUN KN-95. Cuando se comprobó el incumplimiento de los requisitos de homologación de estas mascarillas, se procedió a retirarlas sin dar explicación a los trabajadores, ni indicación del procedimiento que debían seguir después de haber estado trabajando durante más de 10 días sin protección y durante toda la jornada laboral con casos positivos de COVID-19. Parece ser (según declaración periodística de la Consejera de Sanidad) que estos empleados públicos deberían contactar con sus servicios de prevención de riesgos laborales. Servicios de prevención que, en nuestro caso, se están desentendiendo de estos trabajadores y los están derivando a sus centros de atención primaria. Con la consiguiente sobrecarga del sistema público y con retrasos en el tiempo en el diagnóstico exacto de salud de estas trabajadoras, pues la mayoría son mujeres. Y como consecuencia perversa de todo ello, aumentando el riesgo de más contagios dentro de los dos centros.
Esta es una muestra más de que la gestión en la protección de la salud de los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales y sus pautas de prevención establecidas hasta ahora, no están siendo efectivos y están haciendo correr a l@s trabajador@s con riesgos para su salud. Y la mayor prueba de todo ello es que en estos centros no han conseguido controlar la pandemia, que siguen creciendo en el número de casos confirmados, tanto en trabajadores como en usuarios.
Los hechos ciertos es que estamos en centros con casos confirmados; por lo tanto, con situación de brote declarado y que seguimos exponiendo a sus trabajadores al agente, en una exposición intolerable al riesgo.
Es por todo ello que SOLICITAMOS:
1. Que se revise el protocolo de la Gerencia Regional y se fije como obligatorio la prueba del PCR para todos los trabajadores que estén trabajando en centros con casos confirmados, garantizando la rapidez en la realización de la prueba y para ello, esa responsabilidad debe recaer en los servicios de prevención, que esta Administración se empeñó en privatizar.
2. Que se exijan responsabilidades a las distintas empresas implicadas en la importación de este material defectuoso que ha puesto en peligro a trabajador@es y usuari@s.
