Palencia, 6 de noviembre de 2020
Si bien el pasado día 5 de noviembre la FeSP de UGTCyL denunciaba a través de declaraciones a medios el colapso del modelo asistencial de las Residencias de Mayores vigente en Castilla y León aduciendo la falta de personal y las condiciones precarias en las que desempeñan su actividad (bajos salarios, grandes jornadas, excesiva carga de trabajo, sobrecarga física y psicológica entre otras), hoy, se ha sumado a sus protestas el actual alcalde de Salinas del Pisuerga, Julián Aguilar, que ha mostrado un evidente enfado ante las acusaciones de la Consejera, Mª Isabel Blanco Llamas.
Desde UGT, ya acusaban ayer a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de “echar balones fuera” responsabilizando a los ayuntamientos de lo acontecido en las Residencias de Mayores emplazadas en sus municipios, pese a que, en la mayoría de ocasiones, la gestión no es pública y los respectivos consistorios no tienen competencia alguna en su administración.
Cabe recordar que fue el propio Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga (Palencia) quien, hace unas semanas, solicitó a la Consejería su intervención después de que casi 90 residentes del centro de mayores obtuviesen un resultado positivo en el PCR para Covid-19. Adujeron, además, que habían hecho todo lo posible, “salvo lo ilegal” para controlar la situación hasta que se vieron desbordados.
Tanto UGT como el alcalde del mencionado municipio alegan que es la Consejería de Familia quien tiene la obligación del control de la gestión de las residencias y que, además, en el caso de la residencia del municipio de Salinas, existe la particularidad de un protocolo firmado en 1999 en el que la JCyL se comprometía a supervisar y colaborar en la gestión durante 25 años.
Desde el sindicato piden a la Consejera que “se deje de ideales y que se tome en serio la aplicación realista y más adecuada del modelo de Atención Centrada en la Persona como un modelo de derecho para todos, tanto para usuarios como para las personas trabajadoras en Castilla y León”.
Además, han insistido en que las trabajadoras de la citada residencia “se están dejando la piel para ofrecer una atención de calidad” y que la Administración está obligada a ofrecer una “respuesta adecuada” al dramática situación que parecen actualmente.
