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En noviembre de 2018 FeSP-UGT detalló y denunció en un informe las condiciones laborales de las trabajadoras de los dos servicios estatales de violencia de género: el teléfono de atención a las víctimas 016 y el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), que gestiona las pulseras para hombres investigados por maltrato. El servicio, externalizado, derivó en la imposición de unas condiciones laborales más propias de las empresas de call center que de un servicio público tan sensible como la protección a las mujeres víctimas de violencia machista.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, informó el pasado jueves que el convenio colectivo marco para las trabajadoras pasará de ser el de Contact Center (antes Telemarketing) al de Intervención y Acción Social, tal y como pedía UGT.
Aunque el sindicato ha mostrado su satisfacción por la medida, desde la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT se pide al Gobierno que dé un paso más. “Esta actividad laboral debería estar encuadrada dentro de las Administraciones Públicas, porque son ellas quienes deben desempeñar el papel de protección a la ciudadanía –en este caso a las víctimas de la violencia machista”-, ha afirmado Luz Martínez Ten, responsable de la secretaría. Argumenta además que se trata de una plantilla reducida –unas 30 trabajadoras- por lo que pide a la Administración que este servicio deje de estar externalizado.
Martínez Ten ha criticado que un problema estructural como es la violencia de género, que se cobra vidas casi cada día, esté laboralmente gestionado desde un tratamiento mercantil, de teleoperadoras que tienen tres minutos para atender el caso de una mujer que está llamando porque teme por su vida. “Los servicios públicos pierden su esencia al ser externalizados y precarizan las condiciones laborales, ya que aumentan la temporalidad y fragmentan la negociación colectiva”.
