La Junta de Castilla y León aprovecha la declaración del estado de alarma para alterar las condiciones de la relación laboral con sus trabajadores, pero sin ejercer las debidas acciones de coordinación y equipamiento. En concreto, hoy publica en el BOCYL la ORDEN PRE/260/2020, que supone una modificación de las normas de gestión de bolsas de empleo para dotarse de una mayor flexibilidad.
Imaginamos que se acoge a la misma flexibilidad cuando tiene a la mayor parte de los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales sin ningún tipo de protocolo de actuación para sus trabajadores de los Centros de Atención a Minusválidos Psíquicos y las Residencias de Ancianos de titularidad pública o en Centros Ocupacionales. Trabajadores que están en contacto con personas con perfil de alto riesgo. El cuidado de estos usuarios se está realizando prácticamente sin ningún equipo de protección individual. La situación se agrava en algunos centros en que se están haciendo ingresos de convalecientes de los hospitales y no se fija un protocolo para estas situaciones ni se da la información obligatoria mínima.
El riesgo de esta actuación es que centros que deberían ser “puntos de lucha y control” de la infección se pueden convertir en focos de transmisión para usuarios y trabajadores, pues existe riesgo real de circulación del virus.
Y esto abre todo un frente de responsabilidad de la Junta para con esos usuarios, pues es responsabilidad de la Junta establecer la máxima protección de la salud para estos usuarios. Esta dejación de funciones, tendrá responsabilidades futuras seguras para la GSS.
Desde UGT solicitamos que se dote de forma inmediata de los equipos de protección y de los protocolos correctos de actuación en estos centros.
