Hoy, La Federación de Servicios Públicos de UGTCyL ha presentado en rueda de prensa su campaña ¿Quién salva a…? para exigir al Gobierno el reconocimiento de los derechos de los empleados que trabajan para la Administración Pública en Castilla y León.
Tomás Pérez, Secretario General de la FeSP de UGTCyL, ha explicado que, desde el sindicato, quieren “hacer una campaña para reivindicar a los trabajadores de lo público, sin menoscabo de los sectores privados, pero considerando que, desde lo público, se ha dado el mil por cien”. En la presentación de la campaña han intervenido también Miguel Holguín Boyano, Secretario Regional de Sanidad de las FesP de UGTCyL, Fonsi Bonafonte Calama, Secretaría de Servicios Sociosanitarios, Mujer e Igualdad de la FesP de UGTCyL y Julio César Martín Nevado, Secretario del sector de Administración Autonómica.
Miguel Holguín ha asegurado que los sanitarios “han sufrido la campaña para salvar las navidades y van a sufrir la campaña para salvar la Semana Santa”. Por esa razón, desde UGT se preguntan “¿quién salva a los trabajadores de la sanidad pública?”. Al respecto, el secretario regional de salud del sindicato ha exigid que “de una vez por todas, los aplausos y los reconocimientos grandilocuentes se conviertan en hechos, en realidades y en potenciación de la Sanidad Pública”. En la misma línea, ha aprovechado para reprobar las palabras del Consejero de Economía, “no somos una factura o un gasto como hemos oído al señor Carriedo recientemente, más preocupado por reducir impuestos a los que más tienen que por desarrollar una política impositiva acorde con los servicios públicos que requieren y demandan los castellanos y leoneses”.
Para conseguir el reconocimiento de estos derechos, Holguín ha reseñado que resulta imprescindible “derogar el decretazo Mañueco, desarrollar un dimensionamiento real de las plantillas y un nuevo modelo de Carrera Profesional, así como del Grupo B del EBEP y la reclasificación de los profesionales de acuerdo con las titulaciones y competencias actuales, cumplimiento del acuerdo de las 35h”. Además, desde el sindicato consideran imprescindible llevar a cabo “medidas de cohesión y de equidad entre todos los profesionales de SACYL, un presupuesto real, no circunstancial por la pandemia, que atienda a la realidad sanitaria de la Comunidad, etc. Son medidas que deben ocupar ya las agendas de los responsables y marcar la negociación con las organizaciones sindicales”.
También ha tenido palabras Holguín para los trabajadores del transporte sanitario: “Son los primeros en llegar, la avanzadilla de la atención sanitaria en Castilla y León, más aun durante esta pandemia Covid… sin embargo, este servicio fundamental permanece en manos privadas con todo lo que esto supone para sus trabajadores: falta de reconocimiento por las instituciones sanitarias, salarios no acordes con su capacitación y actividad,…”
Por eso, desde la FeSP aseguran que “es hora de que la Junta de Castilla y León salve a estos profesionales, iniciando el camino hacia la reversión a lo público del servicio de transporte sanitario como está sucediendo en otras Comunidades Autónomas; y mientras tanto, el reconocimiento de la categoría de Técnico de Emergencias Sanitarias(que se les exige, pero no se les paga) y una dotación adecuada y realista del próximo concurso de transporte sanitario que les permita salir del furgón de cola de las retribuciones de todo el país, la Junta no puede seguir dando un servicio esencial por tan poco”.
Fonsi Bonafonte, por su parte, ha querido “llevar a cabo reconocimiento vinculado a la figura de la mujer, que ha resultado imprescindible en esta pandemia teniendo en cuenta que el convenio de residencias es Estatal y aglutina a 200.000 personas trabajadoras un 92% empleo femenino”. Por otra parte, Ayuda a Domicilio es un servicio de competencia autonómica y abarca a 6.000 personas trabajadoras con un 98% de empleo femenino. La negociación de ambos convenios se encuentra actualmente bloqueada por la patronal y, sin embargo, para Bonafonte, “el COVID no es un problema de actividad empresarial, es un problema social estructural sin resolver”. Según la Secretaria de Servicios sociales, mujer e igualdad de la FeSP, “el Sistema Público no ha sido capaz de abarcar las necesidades de institucionalización de nuestros dependientes”, por lo que la Federación ha presentado una iniciativa a la Consejera de Familia y al Gerente de servicios sociales basada en una investigación estatal de UGT cuya finalidad es “desarrollar una atención cualificada enmarcada en la necesidad y en la demanda de las personas usuarias”. Según la Secretaria de Servicios Sociosanitarios, “este planteamiento está en línea con la estrategia de los proyectos de la JCyL y serviría para incentivar el cambio de paradigma que supone pasar de la calidad de atención, a la calidad de vida” y mandar así un mensaje pedagógico a la sociedad “para romper con los roles de género que impiden que se reconozca la dimensión social que tiene el cuidado y se valore el trabajo de cuidar desde la profesionalización porque, sin servicios de calidad, no hay justicia social”.
En la misma línea, Julio César Martín Nevado ha denunciado “la falta de medios del sistema de asistencia residencial que se ha puesto de manifiesto especialmente en esta pandemia”. Según el secretario de Administración autonómica de la FeSP “Faltaron Epis, personal, medios y recursos y, a día de hoy, parece que podemos volver a la situación de origen de la pandemia”. Y es que, según el sindicato, una de las cosas que aseguró la Consejera de Servicios sociales al comienzo de la extraordinaria situación de emergencia sanitaria «es que había que desarrollar un nuevo modelo. A día de hoy, después de muchas reuniones, aún no disponemos ni de un boceto de lo que será el nuevo modelo pese a la imperiosa necesidad de un nuevo modelo y reforma de medios y ratios”. También ha aludido el sindicato a la conocida como “paga extraordinaria por Covid” porque, de acuerdo a la explicación de Martín Nevado, con esta paga ha cobrado más el personal de apoyo de otras consejerías que el personal de la gerencia de los servicios sociales (según los datos aportados, entre dos o tres veces más, con diferencias de 300 o 400 euros frente a 1200 y 2000€).
Para finalizar, Tomás Pérez ha afirmado que el objetivo de UGT “es el reconocimiento de los trabajadores del sector público. La gente olvida que durante la pandemia y en la actualidad los hospitales, residencias, ayuda a domicilio y colegios e institutos están funcionando. También tenemos las calles y los edificios públicos limpios y acondicionados”. Y es que, en palabras del Secretario General de la FeSP de UGTCyL, “los trabajadores no queremos aplausos. Queremos derechos”.
