El Secretario de Castilla y León de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez Urueña, apunta que esta situación afecta a unos 6.500 trabajadores repartidos en 789 centros, cuyo complemento mensual podría discurrir entre 75 y 150 euros, con el fin de paliar la diferencia salarial con aquellos inmersos en centros públicos, con salarios de hasta 1.400 euros frente a los 1.200 de los privados.
Estos trabajadores realizan un trabajo impagable, que consiste en la integración en la vida laboral de colectivos con diversas discapacidades. Desde UGT señalamos a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ante su “falta de respuesta” a las reiteradas peticiones realizadas desde este sindicato en los dos últimos años para reunirse con ella tras diversas cartas. Y es que, queda claro que Blanco es la “responsable de las precarias condiciones que tienen los trabajadores de los centros de atención a las personas con discapacidad en Castilla y León”. Seguiremos denunciando este trato injusto.
