La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) ha reclamado que el uso de test de COVID-19 se realice atendiendo a criterios estrictamente sanitarios y de salud colectiva. UGT ha destacado como regla que se debe seguir en realizar el test de COVID-19 a todas las personas que trabajen a menos dos metros de personas contagiadas, a los grupos de población más vulnerable y que podrían tener mayores complicaciones en el caso de contagio, y a los trabajadores y trabajadoras de los sectores designados como servicios esenciales. En caso de no priorizar el uso entre estos colectivos frente a otros, no se alcanzarán los objetivos fundamentales de España frente al coronavirus: frenar la pandemia y proteger adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras que están luchando contra la enfermedad en primera fila.
UGT viene constantemente reclamando a las distintas Administraciones que aumenten el número de test realizados y que subsanen la escasez de equipos de protección individual para las personas que trabajan en todos los ámbitos sociosanitarios: centros de mayores, atención a domicilio, son profesionales que están en riesgo, uno de los profesionales más expuestas y menos cuidadas. Habría que destinar el triple de esfuerzos en el sector y su personal, y es al contrario, las administraciones lo olvidan por completo que es su responsabilidad. Situación que se ve agravada cuando no han existido protocolos claros de actuación en el sector sociosanitario.
FeSP-UGT señala que “los EPIS están siendo reutilizados, que la eficacia de la mascarilla está siendo cuestionada y que los test deben realizarse a todas las personas que trabajen a menos de dos metros de las personas con COVID-19”, este debería ser el criterio prioritario para luchar contra esta pandemia. Y reclama fiabilidad en todos los equipos que se utilicen.
UGT insiste en que no tomar estas medidas conlleva un riesgo para los trabajadores y su entorno, además de un aumento en la transmisión de la enfermedad a toda la población. Desde los ámbitos científicos, sanitarios y del propio Gobierno se ha insistido en que todas las personas que trabajan en todos estos sectores son susceptibles de diseminar la enfermedad al estar en contacto con personas que la padecen y posteriormente mezclarse con otras que no lo están.
